El alcalde de Buenaventura durante el periodo 2012 – 2015, Bartolo Valencia Ramos, es investigado por la Procuraduría General de la Nación señalado de un presunto detrimento patrimonial del orden de los $37 mil millones durante su administración.

Estos recursos habrían sido sustraídos de los rubros destinados al pago de los servicios educativos a estudiantes de barrios pobres de esa ciudad del Pacífico vallecaucano.

De acuerdo con el Ministerio Público, Valencia reconoció el pago de atención escolar a 41.267 estudiantes que no existían, alumnos ‘fantasmas’ de cuyos aportes se apropiaba.

“El exmandatario habría utilizado recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para cubrir los servicios causados por ese número de alumnos, gastos que presuntamente no pudo justificar durante una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación”, dijo la Procuraduría.

El ente de control también sostuvo que el exalcalde “se habría apartado de las reglas sobre administración de bienes ajenos y de una conducta ajustada a la ética y a la justicia, que imponen un obrar transparente y responsable, más aún, tratándose de recursos destinados a la educación de los niños”.

En la misma decisión la Procuraduría profirió cargos contra Yenny María Angulo Quintana, Secretaria de Educación durante la gestión del entonces alcalde Bartolo.

En su caso los cargos son por presuntas irregularidades en la firma de contratos para ampliar la cobertura educativa, que aparentemente generó un detrimento patrimonial por $2.552 millones.  

El exalcalde Valencia Ramos y su entonces Secretaria de Educación, deberán ahora responder este pliego de cargos que le elevó la Procuraduría General de la Nación para definir su situación disciplinaria que podría tener implicaciones penales de ser hallados responsables.